miércoles, 12 de octubre de 2011

COMUNICADO AL 12 DE OCTUBRE..519 AÑOS DE RESISTENCIA


REPUBLICA DE PANAMA
COMARCA NGÄBE BUKLE Y CAMPESINO
XI CONGRESO GENERAL NGÄBE BUKLE
COMUNICADO # 10.
Al conmemorarse este 12 de octubre, 519 años de resistencia, es necesario reflexionar acerca del significado de esta fecha para los pueblos originarios del Abya Yala y los sectores populares. La verdad de lo significó el genocidio, el despojo y la sed de pillaje de la corona española; quienes con la cruz y la espada, se apoderaron de las riquezas de las naciones del nuevo mundo; es hoy una verdad innegable; aunque la historia oficial intenten tergiversar la misma como encuentro de dos culturas, encuentro de dos mundos, día de la raza o día de la hispanidad.
Al conmemorarse 519 años de resistencia de nuestros pueblos, la misma cobra vigencia cuando luego de todo este tiempo, la política de pillaje, despojo y masacres aún no acaba, dentro de lo que ha sido los nuevos estados nacionales, cuya verdadera independencia aún está entredicho, al estar sometidos a las políticas Neoliberales, de nuevos imperios, fundamentado en sistema capitalista, que en la actualidad atraviesa una crisis económica global, que en lo ambiental ponen en riesgo la existencia misma del planeta. Es imperioso homenajear a nuestros guerreros y ancestros que lucharon contra la barbarie europea, porque aún en nuestros días estas políticas de saqueo es evidente en nuestras comunidades autóctonas y países latinoamericanos, al igual que en Africa, Medio Oriente y Asia, todo en nombre del desarrollo y la Democracia.
El gobierno del CD de Ricardo Martinelli, al igual que la anterior del PRD, no ha hecho tregua en sus políticas de Neo-coloniaje contra nuestra etnia Ngäbe Bukle. En el período de Martin Torrijos se entregaron más de 36,000 hectáreas de la comarca a las empresas Mineras como Cuprum y Aurum. Estos proyectos han contado con el seguimiento por parte de Ricardo Martinelli y el Cambio Democrático; quien a su vez ha impulsado políticas contra el derecho laboral y ambiental. De la misma forma en conjunto con el tribunal electoral y el Ministerio de Gobierno y Justicia, ahonda en su injerencia en los asuntos internos del pueblo Ngäbe Bukle, en cuanto a los organismos de gobierno tradicional. Todo esto con la finalidad de crear una plataforma política y económica de apoyo a las insaciables empresas transnacionales y los voraces apetitos y ambiciones políticas de CAMBIO DEMOCRATICO sostenerse en el poder en los próximos 5 años.
Al cumplirse este 12 de octubre, 519 años de resistencia, nuestros pueblos originarios, fundamentalmente el Ngäbe Bukle, sigue clamando ante el gobierno nacional, autodeterminación, respeto a nuestros derechos, ancestrales, territoriales, políticos, económicos, sociales, ambientales, culturales y espirituales. La necesidad de impulsar un nuevo modelo de sociedad, con la participación de nuestros pueblos originarios, es hoy imprescindible, sin despojos, masacres e imposiciones. Se requiere una nueva política ambiental, que respete el derecho de los pueblos autóctonos, sobre sus recursos y territorios, sin injerencia en sus asuntos internos, en la forma de gobernarse y escoger sus autoridades tradicionales.
¡VIVA LOS 519 AÑOS DE RESISTENCIA¡
¡VICTORIANO Y URRACA NOS ENSEÑARON A LUCHAR¡. ¡LA PELEA ES PELEANDO¡
Comarca Ngabe Bukle, 10 DE OCTUBRE DE 2011
Celio Guerra. Presidente. XI Congreso General Ngäbe Bukle.

MOVILIZACIONES 12 octubre por el XI CONGRESO GENERAL NGABE BUKLE



Saludos compañeros:
Le comunicamos que el XI Congreso General Ngäbe Bukle, esta convocando movilizaciones para el 12 de octubre en San Felix, Chiriquí, y otros puntos acordados con los compañeros de base..

¡VIVAN LOS 519 AÑOS DE RESISTENCIA¡

Atte
Celio Guerra
Presidente
XI Congreso General Ngäbe Bukle y campesino
Cel: 6731-5679

martes, 30 de agosto de 2011

Panamá: Autoridades intentan prohibir marcha indígena




Comunicado del Presidente del Congreso General Tradicional Ngäbe Buglé, Celio Guerra.Frenadeso | Para Kaos en la Red | 30-8-2011 a las 22:21 | 118 lecturaswww.kaosenlared.net/noticia/panama-autoridades-intentan-prohibir-marcha-indigena



Republica de Panamá
Comarca Ngäbe Bukle y Campesino
XI Congreso General

Comunicado 9

* A las comunidades y organizaciones Ngäbe Bukle y campesino
* A los pueblos originarios, sus gobiernos y autoridades tradicionales.
* A las organizaciones populares del país.
* A las organizaciones populares internacionales indígenas y no indigenas
* A las organizaciones de derechos humanos.

Queremos comunicar a la faz del país y a la comunidad internacional lo siguiente:
Que la manifestación del 31 de agosto, a realizarse en San Félix, Chiriquí, tiene días de estar anunciandose por distintos medios y que la misma es pacífica para recordarle al gobierno nacional, que es necesario el cumplimiento de los acuerdos pactados con respecto al tema minero. Luego de más de seis meses de haberse cancelado la ley 8 (reforma minera), las concesiones mineras en la comarca siguen vigente, el contrato ley de panacobre, para explotar cerro colorado esta intacto; por eso desde hace años venimos exigiendo que se cumpla con la demanda del pueblo, que es derogar todas estas concesiones mineras.

Nos hemos enterado que sectores de la coordinadora vienen tranzando a espaldas de la comisión negociadora y ahora el día 27 de agosto en una reunión en Kuerima, manifestaron que nadie puede protestar, solo ellos. Asumiendo el mismo papel de traición que jugara el Sr. Rogelio Moreno, cuando pactó a espaldas del pueblo Ngäbe Bukle con el gobierno nacional y luego anunció el fin de las manifestaciones, quedando al desnudo su oportunismo y falta de representatividad. Hoy en dia vemos el triste papel que juegan estos sectores oportunistas dentro de la Coordinadora por la defensa de los recursos naturales. Tristes mediatisadores de la lucha ngabe bukle.

En el día de hoy (30 de agosto), fuimos al medio dia a notificarle a la Alcaldesa del distrito de San Felix, Sra. Mirian San Martin de Cossarelli, para que tuviera conocimiento de esta manifestación pacífica; sin embargo no nos firmaron la nota de recibido, luego quiere que firmemos una nota de recbido en donde ella, prohibe nuestra manifestación pacífica, aduciendo que la nota no fija la hora. Nosotros acudiendo a los articulos 38 y 41 de la Constitución Nacional, estamos convocando al pueblo a esta jornada por los derechos del pueblo Ngäbe Bule y Campesino.

A pocas horas de realizarse esta movilizacion pacífica denunciamos a la Alcaldesa de San Felix, por su intransigencia y de prohibir la manifestación pacifica del pueblo Ngäbe Bukle. Responsabilizamos de cualquier situación que se de a la autoridad en mención, ya que pese a la prohibicion de las protestas el pueblo saldra a las calles a partir de las 9:00 AM.

Hacemos un llamado de alerta frente a lo que se pueda dar mañana, en el distrito de San Felix, Chiriquí.

Frente a las campañas de sabotaje que impulsan sectores opuestos a las actividades de los congreso tradicionales, y la coacción que pretenden imponer autoridades del actual gobierno, reiteramos que la protesta va, contra viento y marea.

"Urracá y Victoriano nos enseñaron a luchar"

"La pelea es peleando"

Atte
Celio Guerra
Presidente
Congreso General Ngäbe Bukle y Campesino
6731-5679

San Felix, Chiriqui, 30 de agosto de 2011.
http://www.frenadesonoticias.org

Frenadeso en Kaos en la Red


lunes, 29 de agosto de 2011

COMUNICADO # 8 -XI Congreso General del pueblo Ngäbe Bukle



CONVOCATORIA PÚBLICA: AL PUEBLO NGÄBE BUKLE Y CAMPESINO, A LAS NACIONALIDADES INDIGENAS Y AL PUEBLO PANAMEÑO.

PROMUEVA, COMUNIQUE, PARTICIPE Y COLABORE, EL PROXIMO 31 DE AGOSTO, día en que el XI Congreso General del pueblo Ngäbe Bukle y campesino, en coordinación con otras organizaciones en lucha contra las minerías y las represas, está convocando una serie de manifestaciones pacíficas, en distintos puntos de la provincia de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, y la Comarca Ngäbe Bukle.

Esta protesta es en contra de la empresa AES y sus proyectos hidroeléctricos (CHAN-75), en el Río Changuinola, producto del pillaje y la complicidad del anterior gobierno y actual de Ricardo Martinelli. También en contra del impuesto y sitiado Río Tabasará, en donde la empresa GENISA SA, bajo el amparo de la Policía Nacional, construyen la Represa o Hidroeléctrica en Barro Blanco, en contra de la voluntad popular. Al igual que exigimos la derogación de las concesiones hidroeléctricas de chorcha, las 3 del corregimiento de Buri, Norteño, Valle Saron, Caño Sucio y las dos del rio changuinola, todas en territorio Ngäbe.

Exigimos la derogación de las concesiones mineras de Guariviara (24,000 hectáreas), Cerro Pelado (8,000 hectáreas) y Cerro Caballo (4,000 hectáreas), al igual que la derogación del contrato Ley 41 que crea Panacobre para explotar Cerro Colorado (75,000 hectáreas). Reiteramos nuestra demanda como pueblo que se apruebe una ley contra la minería en todo el territorio Ngâbe Bukle y campesino y a nivel nacional y que la misma sea retroactiva; ya que en el caso de la comarca existen 3 proyectos mineros en marcha y hay otras 61 concesiones mineras en el territorio. De no ser así, el gobierno se habrá burlado del pueblo Ngäbe Bukle, al aprobar una ley, que no puede eliminar las concesiones mineras.

Rechazamos la injerencia del tribunal electoral y el gobierno nacional en las elecciones de caciques del 11 de septiembre, porque la misma ha sido un entretenimiento creado, para desinformar al pueblo, mientras el gobierno no le ha dado importancia a las demandas del pueblo Ngäbe Bukle y campesino en cuanto al tema minero, hidroeléctrico y acaparamiento de tierras y la injerencia del gobierno en los asuntos internos de la comarca Ngäbe Bukle. POR ESO, PEDIMOS RESPETO Y NO VOTAR ESE DIA 11 DE SEPTIEMBRE.

Exigimos justicia para los hermanos masacrados en Changuinola, Derogación del Decreto ejecutivo 537 del 2 de junio de 2010, Justicia para los envenenados del Dietilen Glycol, nos solidarizamos con los ciudadanos panameños que han perdido familiares por la irresponsabilidad e ineficiencia del director de la CSS, que tiene dinero para comprar carros, lujos y aumentar el salario de sus sequitos, pero no destina dinero para el funcionamiento de la CSSS

Exigimos al gobierno nacional la instalación de un proceso de diálogo, para resolver con urgencia los problemas políticos, sociales, económicos, ambientales y culturales que afectan al pueblo Ngäbe Bukle y al resto de la sociedad panameña.

Celio Guerra

Presidente

XI CONGRESO GENERAL NGÄBE BUKLE Y CAMPESINO

“VICTORIANO Y URRACA NOS ENSEÑARON A LUCHAR. LA PELEA ES PELEANDO”

Panamá, 25 DE AGOSTO DE 2,011

viernes, 22 de julio de 2011

Like Water for Gold in El Salvador - Como agua para oro en El Salvador

 

http://www.thenation.com/article/162009/water-gold-el-salvador

Like Water for Gold in El Salvador

Robin Broad and John Cavanagh

   |    This article appeared in the August 1-8, 2011 edition of The Nation.

Thirty years ago, several thousand civilians in the northern Salvadoran community of Santa Marta quickly gathered a few belongings and fled the US-funded Salvadoran military as it burned their houses and fields in an early stage of the country’s twelve-year civil war. Dozens were killed as they crossed the Lempa River into refugee camps in Honduras.

Today, residents of this area, some born in those Honduran refugee camps, are fighting US and Canadian mining companies eager to extract the rich veins of gold buried near the Lempa River, the water source for more than half of El Salvador’s 6.2 million people. Once again, civilians have been killed or are receiving death threats.

The communities’ goal: to make El Salvador the first nation to ban gold mining. We traveled to El Salvador in April to find out if this struggle to keep gold in the ground can be won. Our investigation led us from rural communities in the country’s gold belt to ministries of the new progressive government in San Salvador and ultimately to free trade agreements and a tribunal tucked away inside the World Bank in Washington, DC.

We were greeted at the airport by Miguel Rivera, a quiet man in his early 30s whose face is dominated by dark, sad eyes. Miguel is the brother of anti-mining community leader Marcelo Rivera, who was disappeared—tortured and assassinated—in June 2009 in a manner reminiscent of the death squads of the 1980s civil war. We had first met Miguel in October 2009, when he and four others active in El Salvador’s National Roundtable on Mining traveled to Washington to receive the Institute for Policy Studies’ Letelier-Moffitt Human Rights Award, a prize that brought international recognition to this struggle.

As we drove on the mountainous roads that lead to Santa Marta and other towns in the northern department of Cabañas, we commented on the starkly eroded parched hills that look like landslides waiting to happen. “We are the second most environmentally degraded country in the Americas after Haiti,” Miguel explained through an interpreter. “How did you come to oppose mining?” we asked. Miguel pointed to our water bottle and said simply: “Just like you, water is our priority.” Over the next days, we would hear testimonies from dozens of people in Cabañas, many of whom are risking their lives in the struggle against mining. Almost all started or ended their stories with some variation of Miguel’s answer: “Water for life,” for drinking, for fishing, for farming—and not just for Cabañas but for the whole country.

Miguel drove us to the office of his employer, ADES (the Social and Economic Development Association), where local people talked with us late into the night about how they had come to oppose mining. ADES organizer Vidalina Morales acknowledged that “initially, we thought mining was good and it was going to help us out of poverty…through jobs and development.”

The mining corporation that had come to Cabañas was the Vancouver-based Pacific Rim, one of several dozen companies interested in obtaining mining “exploitation” permits in the Lempa River watershed. In 2002 Pacific Rim acquired a firm that already had an exploration license for a Cabañas site bearing the promising name El Dorado. That license gave Pacific Rim the right to use such techniques as sinking exploratory wells to determine just how lucrative the site would be.

Francisco Pineda, a corn farmer and charismatic organizer with the Environmental Committee of Cabañas, invited us to spend an afternoon with eighteen of his fellow committee members, some of whom had walked or been driven a long way to join us. One after another, each stood up to tell his or her story. Francisco, who received the 2011 Goldman Environmental Award (which some call the Environmental Nobel Prize), kicked off what became a five-hour session. He talked about watching the river near his farm dry up: “This was very strange, as it had never done this before. So we walked up the river to see why…. And then I found a pump from Pacific Rim that was pumping water for exploratory wells. All of us began to wonder, if they are using this much water in the exploration stage, how much will they use if they actually start mining?”

Francisco, Marcelo, Miguel, Vidalina and others then set out to learn everything they could about gold mining. From experience, they already knew that Cabañas was prone to earthquakes potentially strong enough to crack open the containers that mining companies build to hold the cyanide-laced water used to separate gold from the surrounding rock. Community members traveled to mining communities in neighboring Honduras, Costa Rica and Guatemala, returning home with stories about the contamination of rivers and lands by cyanide and other toxic chemicals. They turned to water experts, university researchers and international groups like Oxfam. A number of people attended seminars on mining in San Salvador.

They also discovered that only a tiny share of Pacific Rim’s profits would stay in the country, and that the El Dorado mine was projected to have an operational life of only about six years, with many of the promised jobs requiring skills that few local people had. And, as a study by the International Union for the Conservation of Nature pointed out, people in Cabañas “living near mining exploration activities began to notice environmental impacts from the mining exploration—reduced access to water, polluted waters, impacts to agriculture, and health issues.”

In community meetings, Pacific Rim officials claimed they would leave the water cleaner than they found it. (The Pacific Rim website is filled with promises about “social and environmental responsibility.”) But many local people were wary of the company’s intentions and honesty. Three people recounted how a Pacific Rim official boasted that cyanide was so safe that the official was willing to drink a glass of a favorite local beverage laced with the chemical. The official, we were told, backed down when community members insisted on authentication of the cyanide. “The company thought we’re just ignorant farmers with big hats who don’t know what we’re doing,” Miguel said. “But they’re the ones who are lying.”

Environmental Martyrs

As the anti-mining coalition strengthened with support from leaders in the Catholic Church, small businesses and the general public (a 2007 national poll showed that 62.4 percent opposed mining), tensions within Cabañas grew. These emerged in the context of other challenges, including the increasing use of Cabañas as an international drug trans-shipment route, with the attendant problems of corruption and violence. While questions remain, many activists believe that pro-mining forces—including local politicians who stood to benefit if Pacific Rim started mining—are ultimately responsible for the 2009 murder of Miguel’s brother, Marcelo Rivera. Marcelo, a cultural worker and popular educator from the Cabañas town of San Isidro, was an early and vibrant public face of the anti-mining movement.

In San Isidro, Rina Navarrete, director of the Friends of San Isidro Association (ASIC), whose founders included Marcelo, stressed that his work lives on through the focus of local groups on cultural work and youth leadership development. Members of another citizens group, MUFRAS-32, led us on a walking tour of this small farming town. At the renamed Marcelo Rivera Community Center, a yellow and red mural with Marcelo’s face above a line of dancing children covers the front wall.

Four other murals painted by youths, on the outside walls of houses owned by sympathetic residents, make it impossible to forget Marcelo’s mission or his assassination. One, for example, offers a dramatic contrast between two alternative paths of development: On the mural’s right side, dark and gloomy “monster” projects, including gold mines, dump waste into a river that bisects the wall. On the other side of the mural’s river, sunlight bathes healthy agricultural land and trees.

ASIC, MUFRAS-32 and other groups continue to organize theater and artistic festivals. Jaime Sánchez, a former theater student of Marcelo’s now in his mid-20s, told us more: “We use theater, songs, murals and other cultural forms to show resistance. We use laughter.” Jaime described ADES’s creation of a radio station, Radio Victoria, which teaches young people to become deejays, production engineers and the other roles of running a station. These young people also took courses on mining, and spread what they learned over the airwaves.

Over a six-day period in late 2009, two other local activists were killed, one a woman who was eight months pregnant; the 2-year-old in her arms was wounded. ADES’s Nelson Ventura barely escaped an attack. Hector Berrios and Zenayda Serrano, lawyers and leaders of MUFRAS-32, had their home broken into while they and their daughter slept, and documents related to their work were stolen. As Hector lamented, “Clandestine organizations still operate with impunity in this country.”

Many of the people we interviewed, including youths at Radio Victoria, have received death threats. One person told us he turned down a $30-a-week offer to meet with representatives of Pacific Rim to inform on anti-mining activists. Mourned another: “Now in our communities, you don’t trust people you’ve trusted your entire life. That’s one of the things the mining companies have done.”

Democratic Spaces

We traveled from mining country to San Salvador, visiting the sprawling Cuscatlán Park. Along one wall is the Salvadoran version of the US Vietnam Veterans Memorial, in this case etched with the names of about 30,000 of the roughly 75,000 killed in the civil war. Thousands of them, including the dozens killed in the Lempa River massacre of 1981, were victims of massacres perpetrated by the US-backed—often US-trained—government forces and the death squads associated with them.

Peace accords were signed in 1992, and successive elections delivered the presidency to the conservative and pro–free trade ARENA party until 2009, when the progressive Farabundo Martí Liberation Front (FMLN) won the largest bloc in the Congress and, two months later, the presidency. Anti-mining sentiment was already so strong in 2009 that both the reigning ARENA president and the successful FMLN candidate, Mauricio Funes, came out against mining during the campaign.

Much of the credit for this goes to the National Roundtable on Mining, formed in 2005 as leaders in Cabañas began meeting with groups from other departments where mining companies were seeking permits, as well as with research, development, legal aid and human rights groups in San Salvador. Roundtable facilitator Rodolfo Calles enumerated the goals they collectively agreed upon after arduous deliberations: to help resistance at the community level; to win a national law banning metals mining; to link with anti-mining struggles in Honduras and Guatemala, since the Lempa River also winds through those two countries; and to take on the international tribunal in which Pacific Rim is suing El Salvador. Part of what moved the Roundtable to the “complete ban” position, Francisco Pineda explained, “was the realization that the government lacked the ability to regulate the mining activities of giant global firms.”

We were eager to understand how the still relatively young FMLN-led government was deciding whether to ban metals mining. Roundtable members told us the Funes government had announced it would grant no new permits during his five-year term and that it was considering a permanent ban. They also told us the government had initiated a major “strategic environmental review” to help set longer-term policy on mining.

We visited the ministry of the economy, which, along with the environment ministry, is leading the review. The man overseeing it, an engineer named Carlos Duarte, explained that the goal was to do a “scientific” analysis, with the help of a Spanish consulting firm (with Spanish funding). We pushed further, trying to understand how a technical analysis could decide a matter with such high stakes. On the one hand, we posed to Duarte, gold’s price has skyrocketed from less than $300 an ounce a decade ago to more than $1,500 an ounce today, increasing the temptation in a nation of deep poverty to consider mining. We quoted former Salvadoran finance minister and Pacific Rim economic adviser Manuel Hinds, who said, “Renouncing gold mining would be unjustifiable and globally unprecedented.” On the other hand, we quoted the head of the human rights group and Roundtable member FESPAD, Maria Silvia Guillen: “El Salvador is a small beach with a big river that runs through it. If the river dies, the entire country dies.”

Duarte explained that the Spanish firm, backed by four technical experts from other countries, had carried out a lengthy study of the issues and was consulting with people affected by mining, ranging from mining companies to the Roundtable groups. While he hoped this process would produce a consensus, Duarte admitted it was more likely the government and the firm would have to lay out “the interests of the majority,” after which the two ministries would then make their policy recommendation. (Roundtable members had told us that the first group consultation, about ten days earlier in San Salvador, had turned into a pitched debate between them and representatives of the mining companies.) “If new laws are necessary,” Duarte informed us, “then it will go to the legislature.”

We proceeded to the national legislature, its hallways a cacophony of red posters bearing the photos of FMLN leaders (and the ever-present martyr Archbishop Oscar Arnulfo Romero, assassinated in 1980 by the right) competing with offices adorned with posters of the leading opposition party, ARENA. We came to meet FMLN members of the legislature’s environment and climate change committee, including Lourdes Palacios, a three-term member from San Salvador with purple glasses and an easy smile. Palacios explained that they were ready with a bill to ban metals mining, but at the request of the executive branch, they were waiting for the outcome of the review before introducing it.

A representative from the department of Chalatenango, just west of Cabañas and an FMLN stronghold, expressed impatience at how long the review was taking and his conviction that “economic and political powers” were “putting pressure on non-FMLN legislators.” For the FMLN legislators, he stressed, “the pressure is the will of the people, and we are convinced that the majority of the people don’t want mining.” The FMLN does not have an absolute majority in the legislature; still, those present expressed confidence that the ban could pass if the executive branch recommended it. One legislator suggested that El Salvador might have an easier time saying no than countries already dependent on revenues from gold exports.

Given the human rights situation in Cabañas, we interviewed the government’s human rights ombudsman, a post created after the 1992 peace accords, to be selected by, and report directly to, the legislature. The current ombudsman is Oscar Luna, a former law professor and fierce defender of human rights—for which he too has received death threats. We asked Luna if he agreed with allegations that the killings in Cabañas were “assassinations organized and protected by economic and social powers.” Luna replied with his own phrasing: “There is still a climate of impunity in this country that we are trying to end.” He is pressing El Salvador’s attorney general to conduct investigations into the “intellectual” authors of the killings. Several people have been arrested in connection with Marcelo Rivera’s assassination, but the attorney general’s office appears to be dragging its feet in digging deeper into who ordered and paid for the killings. Critics told us that the attorney general, appointed by the legislature as a compromise candidate between ARENA and the FMLN, has failed to investigate aggressively a number of sensitive cases involving politicians, corruption and organized crime.

Our interactions in Cabañas and San Salvador left us appreciative of the new democratic space that strong citizen movements and a progressive presidential victory have opened up, yet aware of the fragility and complexities that abound. The government faces an epic decision about mining, amid deep divisions and with institutions of democracy that are still quite young. As Vidalina reminded us when we parted, the “complications” are even greater than what we found in Cabañas or in San Salvador, because even if the ban’s proponents eventually win, “these decisions could still get trumped in Washington.”

A Tribunal That Can Trump Democracy

Protesters around the globe know the sprawling structures that house the World Bank in Washington, yet few are aware that behind these doors sits a little-known tribunal that will be central to the Salvadoran gold story. The Salvadoran government never approved Pacific Rim’s environmental impact study, and thus never gave its permission to begin actual mining. In retaliation, the firm sued the government under the 2005 Central American Free Trade Agreement. Like other trade agreements, CAFTA allows foreign investors to file claims against governments over actions—including health, safety and environmental measures and regulations—that reduce the value of their investment. The affected farmers and communities are not part of the calculus. The most frequently used tribunal for such “investor-state” cases is the International Centre for Settlement of Investment Disputes, housed at the World Bank.

In the words of lawyer Marcos Orellana of the Center for International Environmental Law, who assisted the Roundtable in drafting an amicus brief for the tribunal, Pacific Rim “is trying to dictate El Salvador’s environment and social policy using CAFTA’s arbitration mechanism.” Pacific Rim’s “claim amounts to an abuse of process.” The brief methodically lays out how Canada-headquartered Pacific Rim first incorporated in the Cayman Islands to escape taxes, then brazenly lobbied Salvadoran officials to shape policies to benefit the firm, and only after that failed, in 2007 reincorporated one of its subsidiaries in the United States to use CAFTA to sue El Salvador.

For this article we attempted to interview Pacific Rim board chair Catherine McLeod-Seltzer, but her office steered us to the CEO of Pacific Rim’s US subsidiary, Thomas Shrake. In a tersely worded e-mail, he “respectfully denied” our request.

Pacific Rim is demanding $77 million in compensation. A case brought against El Salvador by another gold-mining company, Commerce Group, was dismissed earlier this year on a technicality, but the government still had to pay close to $1 million in legal fees and for half of the arbitration costs. Dozens of human rights, environmental and fair-trade groups across North America, from U.S.-El Salvador Sister Cities and the Committee in Solidarity With the People of El Salvador (CISPES) to Oxfam, Public Citizen, Mining Watch and the Institute for Policy Studies, are pressuring Pacific Rim to withdraw the case.

Many believe that even if Pacific Rim withdraws its case or loses in this tribunal, the very existence of “investor-state” clauses in trade agreements is an affront to democracy. “For democracy to prevail,” Sarah Anderson of IPS told us, “citizens’ movements and their allies in governments must work hard to eliminate these clauses from all trade and investment agreements.”

Back in Santa Marta, citizen groups are building sustainable farming as an alternative economic base to mining. Their goal: a “solidarity economy,” or, as Vidalina termed it, a “people’s economy.” Explained Vidalina: “We reject the image of us just as anti-mining. We are for water and a positive future. We want alternatives to feed us, to clothe us.”

Elvis Nataren, a philosophy student, led us to the riverbank and pointed to communal land where organic farms will be built. Three towering greenhouses already contain plump hydroponic tomatoes, green peppers and other vegetables. Together these should make Santa Marta self-sufficient in corn, beans and vegetables. As Elvis explained, “food sovereignty” was even more urgent in the wake of CAFTA’s passage, given the cheap foreign produce that began to flood the Salvadoran market. Elvis, Vidalina, Miguel, Francisco and others we met in Cabañas were well aware that as they nurture farmlands and the river vital to this alternative future, their success also depends upon struggles and debates in San Salvador and Washington.

A month after we returned home, the death threats against individual youths at Radio Victoria escalated, with such ominous untraceable text messages as: “look oscar we aren’t kidding shut up this radio or you also die you dog…”

And in June, nearly two years after Marcelo Rivera’s murder, the body of a student volunteer with the Environmental Committee of Cabañas was found dead, with two bullets in his head. As the Roundtable press release noted: “The last time he was seen by fellow environmental activists was…distributing fliers against metallic mining in [Cabañas] in preparation for a public consultation about the mining sector taking place nearby.” “Not another mine, not another death,” implored the Roundtable.

Robin Broad and John Cavanagh

About The Authors

John Cavanagh

John Cavanagh is the director of the Institute for Policy Studies and author, most recently, of of Development Redefined: How the Market Met Its Match (with Robin Broad).

 

Robin Broad

Robin Broad is a professor at American University's School of International Service. Her most recent book, co-authored by John Cavanagh, is Development Redefined: How the Market Met Its Match.

Traduccion Google en español:


http://www.thenation.com/article/162009/water-gold-el-salvador

Como agua para el oro en El Salvador

Robin Broad y John Cavanagh

11 de julio 2011 | Este artículo apareció en el 1ro al 8vo 8, 2011 edición de The Nation.

Hace treinta años, varios miles de civiles en el norte de la comunidad salvadoreña de Santa Marta se reunieron rápidamente unas pocas pertenencias y huyeron del ejército salvadoreño financiado por Estados Unidos, ya que quemaron sus casas y campos en una fase inicial de doce años de guerra civil del país. Decenas de personas murieron mientras cruzaban el río Lempa en los campamentos de refugiados en Honduras.

Hoy en día, los residentes de esta zona, algunos nacidos en los campamentos de refugiados en Honduras, están luchando contra las compañías de EE.UU. y Canadá la minería dispuestos a extraer las ricas vetas de oro enterrado cerca del río Lempa, la fuente de agua para más de la mitad de los 6,2 millones en El Salvador la gente. Una vez más, los civiles han sido asesinados o están recibiendo amenazas de muerte.

El objetivo de la comunidad ": convertir a El Salvador el primer país en prohibir la minería de oro. Hemos viajado a El Salvador en abril para saber si esta lucha por mantener el oro en el suelo se puede ganar. Nuestra investigación nos ha llevado a las comunidades rurales en el cinturón de oro del país a los ministerios del nuevo gobierno progresista en San Salvador y en última instancia a los acuerdos de libre comercio y un tribunal escondido en el interior del Banco Mundial en Washington, DC.

Nos recibieron en el aeropuerto por Miguel Rivera, un hombre tranquilo, de unos 30 años cuyo rostro está dominado por los ojos oscuros y tristes. Miguel es el hermano de la anti-minería líder de la comunidad Marcelo Rivera, quien fue desaparecido, torturado y asesinado en junio de 2009 en una forma que recuerda a los escuadrones de la muerte de la guerra de 1980 civiles. Nos habíamos conocido Miguel en octubre de 2009, cuando él y otros cuatro activos en la Mesa Redonda Nacional sobre Minería de El Salvador viajó a Washington para recibir el Institute for Policy Studies 'Letelier-Moffitt Premio de Derechos Humanos, un premio que le aportó reconocimiento internacional para esta lucha.

Como nos condujo por los caminos de montaña que conducen a Santa Marta y otras ciudades en el norteño departamento de Cabañas, se ha comentado en las colinas erosionadas marcadamente seca que se parecen a punto de ocurrir deslizamientos de tierra. "Somos el segundo país más ambientalmente degradadas en América después de Haití", explicó Miguel a través de un intérprete. "¿Cómo has llegado a oponerse a la minería?", Le preguntamos. Miguel señaló a nuestra botella de agua y dijo simplemente: ". Al igual que tú, el agua es nuestra prioridad" En los próximos días, escuchábamos los testimonios de decenas de personas en Cabañas, muchos de ellos están arriesgando sus vidas en la lucha contra la minería. Casi todos comenzaron o terminaron sus historias con alguna variación de la respuesta de Miguel: "Agua para la vida", para beber, para la pesca, la agricultura, y no sólo de Cabañas, sino para todo el país.

Miguel nos llevó a la oficina de su empleador, ADES (de Desarrollo Social y la Asociación Económica), donde la población local habló con nosotros hasta altas horas de la noche acerca de cómo habían llegado a oponerse a la minería. ADES organizador Vidalina Morales reconoció que "al principio, pensamos que la minería era bueno y que nos iba a ayudar a salir de la pobreza ... a través de puestos de trabajo y desarrollo".

La corporación minera que había llegado a Cabañas fue la sede en Vancouver, Costa del Pacífico, una de las empresas de varias decenas de interesados ​​en la obtención de la minería "explotación", permite en la cuenca del río Lempa. En 2002 la Cuenca del Pacífico adquirió una empresa que ya tenía una licencia de exploración para un sitio de Cabañas que lleva el prometedor nombre de El Dorado. Que le dio licencia de la Cuenca del Pacífico el derecho a utilizar las técnicas como la profundización de pozos exploratorios para determinar precisamente lo lucrativo que el sitio sería.

Francisco Pineda, un productor de maíz y organizador carismático con el Comité Ambiental de Cabañas, nos invitó a pasar una tarde con dieciocho de sus compañeros miembros del comité, algunos de los cuales habían caminado o han sido expulsados ​​un largo camino para unirse a nosotros. Uno tras otro, cada uno se puso de pie para contar su historia. Francisco, quien recibió el Premio Ambiental Goldman 2011 (que algunos llaman el Premio Nobel de Medio Ambiente), se inició lo que se convirtió en una sesión de cinco horas. Habló de mirar el río cerca de su granja se secan: "Esto fue muy extraño, ya que nunca había hecho esto antes. Así que caminamos hasta el río para ver por qué .... Y entonces encontré una bomba de la Cuenca del Pacífico que se bombea el agua para pozos exploratorios. Todos nosotros, comenzó a preguntarse, si están utilizando esta cantidad de agua en la etapa de exploración, cuánto van a utilizar si realmente empezar la minería? "

Francisco, Marcelo, Miguel, Vidalina y otros, entonces se dispuso a aprender todo lo posible la minería del oro. De la experiencia, ellos ya sabían que Cabañas fue proclive a los terremotos potencialmente lo suficientemente fuerte como para romper abrir los envases que las empresas mineras construir para contener el agua con cianuro utilizado para separar el oro de la roca circundante. Miembros de la comunidad viajaron a las comunidades mineras en la vecina Honduras, Costa Rica y Guatemala, regresando a casa con historias acerca de la contaminación de los ríos y las tierras por los productos químicos tóxicos de cianuro y otros. Se dirigieron a los expertos en agua, investigadores universitarios y grupos internacionales como Oxfam. Un número de personas que asistieron a seminarios sobre la minería en San Salvador.

También descubrieron que sólo una pequeña parte de las ganancias de Pacific Rim se quedaría en el país, y que la mina El Dorado fue proyectado para tener una vida útil de sólo seis años, con muchos de los empleos prometidos requieren habilidades que son pocos los locales habían . Y, como un estudio de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha señalado, la gente de Cabañas ", que viven cerca de las actividades de exploración minera comenzó a notar los impactos ambientales de la exploración minera, la reducción del acceso al agua, aguas contaminadas, los impactos de la agricultura y la salud temas ".

En las reuniones de la comunidad, funcionarios del Pacífico culo afirmó que dejaría el agua más limpia de lo que lo encontró. (El sitio web de la Cuenca del Pacífico está llena de promesas de "responsabilidad social y ambiental.") Sin embargo, muchos habitantes locales se resistían a las intenciones de la compañía y la honestidad. Tres personas relató cómo un funcionario de la Cuenca del Pacífico se jactó de que el cianuro era tan seguro que el funcionario estaba dispuesto a beber un vaso de una bebida favorita local mezclada con la sustancia química. El funcionario, se nos dijo, se echó atrás cuando los miembros de la comunidad insistió en la autenticación del cianuro. "La compañía cree que estamos sólo a los agricultores con grandes sombreros de ignorantes que no saben lo que estamos haciendo", dijo Miguel. "Pero ellos son los que están mintiendo".

Mártires del medio ambiente

 

A medida que la coalición anti-minera fortalecida con el apoyo de los líderes de la Iglesia Católica, las pequeñas empresas y el público en general (una encuesta nacional de 2007 mostró que el 62,4 por ciento en contra la minería), las tensiones dentro de Cabañas creció. Estas surgieron en el contexto de otros problemas, incluyendo el uso creciente de Cabañas como internacional de drogas transbordo ruta, con los consiguientes problemas de corrupción y violencia. Si bien las preguntas siguen siendo, muchos activistas creen que la explotación minera a favor de las fuerzas, incluidos los políticos locales que se benefician de si Pacific Rim inició la minería son los responsables por el asesinato de 2009 del hermano de Miguel, Marcelo Rivera. Marcelo, un trabajador de la cultura y educador popular de la ciudad de San Isidro, Cabañas, era una cara pública de principios y vibrante del movimiento contra la minería.

En San Isidro, Rina Navarrete, director de los Amigos de San Isidro Association (ASIC), cuyos fundadores incluyen Marcelo, hizo hincapié en que su trabajo perdura a través de la atención de los grupos locales en el trabajo cultural y el desarrollo del liderazgo juvenil. Miembros de otro grupo de ciudadanos, MUFRAS-32, nos llevó en un recorrido a pie de este pequeño pueblo agrícola. En el nombre de Marcelo Rivera Community Center, un mural rojo y amarillo con la cara de Marcelo por encima de una línea de niños bailando cubre la pared del frente.

Cuatro otros murales pintados por los jóvenes, en las paredes exteriores de las casas de propiedad de residentes simpáticos, hacen que sea imposible olvidar la misión de Marcelo o de su asesinato. Uno de ellos, por ejemplo, ofrece un contraste dramático entre dos caminos alternativos de desarrollo: En la parte derecha del mural, oscuro y sombrío "monstruo" de proyectos, incluidas las minas de oro, vertedero de residuos en un río que divide la pared. En el otro lado del río del mural, la luz del sol baña la tierra agrícola saludable y árboles.

ASIC, MUFRAS 32 y otros grupos sigan organizando festivales de teatro y artísticas. Jaime Sánchez, un estudiante antiguo teatro de Marcelo ahora está en la mitad de sus 20 años, nos dijo más: "Utilizamos el teatro, canciones, murales y otras formas culturales para mostrar la resistencia. Nosotros utilizamos la risa. "Jaime se describe la creación de ADES de una estación de radio, Radio Victoria, que enseña a los jóvenes a convertirse en DJs, ingenieros de producción y los otros papeles de funcionamiento de una estación. Estos jóvenes también tomó cursos en la minería, y difundir lo que aprendieron en las ondas radiales.

Durante un período de seis días a finales de 2009, dos activistas locales mataron a otros, una mujer que estaba embarazada de ocho meses, los 2 años de edad en sus brazos fue herido. Nelson Ventura ADES es apenas escapó de un ataque. Héctor Berríos y Serrano Zenayda, abogados y líderes de MUFRAS-32, tenía su casa entraron en mientras ellos y su hija dormía, y documentos relacionados con su trabajo fueron robados. Como Héctor lamentó, "las organizaciones clandestinas siguen operando con impunidad en este país".

Muchos de los entrevistados, incluidos los jóvenes de Radio Victoria, han recibido amenazas de muerte. Una persona nos dijo que rechazó una $ 30 a la semana, ofrecerá reunirse con representantes de la Cuenca del Pacífico para informar a los activistas contra la minería. Otro duelo: "Ahora, en nuestras comunidades, no confiar en la gente que ha confiado toda su vida. Esa es una de las cosas que las empresas mineras han hecho ".

Los espacios democráticos

Viajamos de un país minero de San Salvador, visitando el extenso Parque Cuscatlán. A lo largo de una pared es la versión salvadoreña de los EE.UU. de Vietnam Veterans Memorial, en este caso grabadas con los nombres de cerca de 30.000 de los 75.000 más o menos muertos en la guerra civil. Miles de ellos, incluyendo las decenas murieron en la masacre del río Lempa, de 1981, fueron víctimas de masacres perpetradas por el respaldado por Estados Unidos, a menudo entrenados por Estados Unidos, las fuerzas gubernamentales y los escuadrones de la muerte asociados con ellos.

Los acuerdos de paz firmados en 1992, y las elecciones sucesivas entregado la presidencia al partido conservador ARENA y el comercio a favor del libre hasta 2009, cuando el progresista Frente Farabundo Martí Frente de Liberación Nacional (FMLN) ganó el mayor bloque en el Congreso y, dos meses después, la presidencia. Contra la minería sentimiento fue tan fuerte que ya en 2009 que tanto el presidente actual de ARENA y el candidato del FMLN éxito, Mauricio Funes, se pronunció en contra la minería durante la campaña.

Gran parte del mérito de esto va a la Mesa Nacional de Minería, fundada en 2005 como líderes en Cabañas comenzó a reunirse con grupos de otros departamentos, donde las empresas mineras estaban buscando los permisos, así como con la investigación, desarrollo, asistencia jurídica y de derechos humanos en San Salvador. Mesa Redonda Rodolfo facilitador Calles enumeró los objetivos que colectivamente acordados después de arduas deliberaciones: para ayudar a la resistencia en el nivel de la comunidad, para ganar una ley nacional que prohíbe la extracción de metales, para vincular con las luchas contra la minería en Honduras y Guatemala, ya que el río Lempa también vientos a través de esos dos países, y para tomar en el tribunal internacional en el que Pacific Rim ha demandado a El Salvador. Parte de lo que se trasladó la Mesa Redonda a la "prohibición total" de posición, Francisco Pineda explicó, "fue la constatación de que el gobierno carecía de la capacidad de regular las actividades mineras de empresas gigantes globales".

Teníamos muchas ganas de entender cómo el FMLN sigue siendo relativamente joven, liderada por el gobierno estaba tratando de decidir si se debe prohibir la minería de metales. Miembros de la Mesa Redonda nos dijo que el gobierno de Funes había anunciado que no concederá nuevos permisos durante su mandato de cinco años y que estaba considerando una prohibición permanente. También nos dijeron que el gobierno había iniciado un importante "revisión estratégica del medio ambiente" para ayudar a establecer políticas a largo plazo en la minería.

Visitamos el Ministerio de Economía, que, junto con el Ministerio de Medio Ambiente, está llevando a la revisión. El hombre que la supervisión, un ingeniero llamado Carlos Duarte, explicó que el objetivo era hacer un "científico" de análisis, con la ayuda de una consultora española (con financiación española). Nos empujó aún más, tratando de entender cómo un análisis técnico podría decidir un asunto con apuestas tan altas. Por un lado, que les hicimos a Duarte, el precio del oro se ha disparado desde menos de 300 dólares la onza hace una década a más de 1.500 dólares la onza, hoy en día, aumenta la tentación en un país de la pobreza extrema a considerar la minería. Nos citó al ex ministro de Finanzas, El Salvador y la Cuenca del Pacífico el asesor económico de Manuel Hinds, quien dijo: "Renunciar a la minería de oro sería injustificable y sin precedentes a nivel mundial." Por otra parte, que citó al jefe del grupo de derechos humanos y miembro de la Mesa Redonda FESPAD, María Silvia Guillén: "El Salvador es una pequeña playa con un gran río que la atraviesa. Si el río se muere, muere todo el país. "

Duarte explicó que la firma española, apoyada por cuatro expertos técnicos de otros países, ha llevado a cabo un extenso estudio de los problemas y estaba consultando con las personas afectadas por la minería, que van desde empresas mineras a los grupos de Mesa Redonda. Mientras que espera que este proceso se produce un consenso, Duarte admitió que era más probable que el gobierno y la empresa tendría que exponer "los intereses de la mayoría", tras lo cual los dos ministerios después haría su recomendación de política. (Miembros de la Mesa Redonda nos había dicho que la consulta del primer grupo, de unos diez días antes en San Salvador, se había convertido en un debate campal entre ellos y los representantes de las empresas mineras.) "Si las nuevas leyes son necesarias," Duarte nos informó, "entonces irá a la Legislatura ".

Se procedió a la legislatura nacional, sus pasillos una cacofonía de carteles roja con las fotos de los líderes del FMLN (y el mártir siempre presente el arzobispo Oscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980 por la derecha) que compiten con las oficinas adornado con carteles del partido de la oposición , ARENA. Llegamos a conocer a los miembros del FMLN de medio ambiente de la legislatura y el comité de cambio climático, incluyendo Lourdes Palacios, miembro de tres períodos de San Salvador, con gafas de color morado y una sonrisa fácil. Palacios explicó que ellos estaban listos con un proyecto de ley para prohibir la minería de metales, pero a petición de la rama ejecutiva, que se espera de los resultados de la revisión antes de introducirlo.

Un representante del departamento de Chalatenango, al oeste de Cabañas y un bastión del FMLN, expresó su impaciencia por el tiempo que la revisión estaba tomando y su convicción de que "los poderes económicos y políticos" estaban "poniendo presión sobre los legisladores del FMLN no." Para el FMLN legisladores, subrayó, "la presión es la voluntad del pueblo, y estamos convencidos de que la mayoría de la gente no quiere la minería." El FMLN no tiene mayoría absoluta en la legislatura, aún así, los presentes expresaron su confianza que la prohibición podría pasar si el Poder Ejecutivo recomendó. Un legislador sugirió que El Salvador podría ser más fácil decir no a los países que ya dependen de los ingresos de las exportaciones de oro.

Dada la situación de los derechos humanos en Cabañas, entrevistamos a ombudsman humanos del gobierno de los derechos, un puesto creado después de 1992 los acuerdos de paz, para ser seleccionado por, y reportará directamente a la legislatura. El actual Defensor del Pueblo es Oscar Luna, un ex profesor de derecho y feroz defensor de los derechos humanos para que él también ha recibido amenazas de muerte. Le preguntamos a Luna si estaba de acuerdo con las denuncias de que los asesinatos en Cabañas se Luna respondió con su fraseo propio "asesinatos organizados y protegidos por los poderes económicos y sociales.": "Todavía hay un clima de impunidad en este país que estamos tratando de poner fin a . "Se está presionando a General de El Salvador, abogado para llevar a cabo investigaciones sobre los" intelectuales "los autores de los asesinatos. Varias personas han sido detenidas en relación con el asesinato de Marcelo Rivera, pero la oficina del fiscal general parece estar arrastrando los pies en la excavación más profunda en que ordenó y pagó por los asesinatos. Los críticos nos dijo que el fiscal general, nombrado por la legislatura como candidato de compromiso entre ARENA y el FMLN, no ha investigado agresivamente una serie de casos delicados que participen políticos, la corrupción y el crimen organizado.

Nuestras interacciones en Cabañas y San Salvador nos dejó apreciar del nuevo espacio democrático que fuertes movimientos ciudadanos y una victoria presidencial progresiva se han abierto, sin embargo, conscientes de la fragilidad y la complejidad que abundan. El gobierno se enfrenta a una decisión épica acerca de la minería, en medio de profundas divisiones y con las instituciones de la democracia que todavía son muy jóvenes. Vidalina como nos recordó cuando nos separamos, las "complicaciones" son aún mayores que lo que encontramos en Cabañas o en San Salvador, ya que aunque los defensores de la prohibición finalmente ganar ", estas decisiones aún puede conseguir falsos en Washington."

Un tribunal que sólo pueden imponerse a la Democracia

Los manifestantes de todo el mundo conoce las estructuras extensas que la casa del Banco Mundial en Washington, sin embargo, pocos son conscientes de que detrás de estas puertas se encuentra un tribunal poco conocido que será fundamental para la historia de oro salvadoreño. El gobierno salvadoreño nunca aprobó estudio de impacto ambiental de la Cuenca del Pacífico, y por lo tanto nunca dio su permiso para comenzar la minería actual. En represalia, la empresa demandó al gobierno en virtud del Acuerdo 2005 Central American Free Trade. Al igual que otros acuerdos comerciales, el CAFTA permite a los inversores extranjeros a presentar demandas contra los gobiernos sobre las acciones, incluyendo las medidas de salud, seguridad y medio ambiente y los reglamentos que reducen el valor de su inversión. Los agricultores y las comunidades afectadas no son parte del cálculo. El tribunal de uso más frecuente de tales "inversionista-Estado" de los casos es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, con sede en el Banco Mundial.

En palabras del abogado Marcos Orellana, del Centro de Derecho Ambiental Internacional, que asistió a la Mesa Redonda en la redacción de un escrito de amicus curiae para que el tribunal, la Cuenca del Pacífico "es tratar de imponer el medio ambiente de El Salvador y la política social utilizando el mecanismo del CAFTA arbitraje." Pacific Rim " reclamación equivale a un abuso del proceso ". El escrito metódicamente establece que el Canadá con sede en la Cuenca del Pacífico incorporó por primera vez en las Islas Caimán para evadir impuestos, y luego descaradamente presionó funcionarios salvadoreños para dar forma a políticas que beneficien a la empresa, y sólo después de que fracasó, en 2007 reincorpora una de sus subsidiarias en los Estados Unidos para el uso del CAFTA para demandar a El Salvador.

Para este artículo hemos tratado de entrevistar a la Cuenca del Pacífico presidente de la junta Catherine McLeod-Seltzer, pero su oficina nos aconsejaron a los CEO de la filial de Pacific Rim de EE.UU., Thomas Shrake. En una concisa redactada e-mail, que "respetuosamente denegado" nuestra petición.

Pacific Rim está exigiendo $ 77 millones en compensación. Un caso presentado en contra de El Salvador por otra empresa minera de oro, Commerce Group, fue despedido a principios de este año debido a un tecnicismo, pero el gobierno todavía tenía que pagar cerca de $ 1 millón en gastos legales y la mitad de los costos del arbitraje. Decenas de los derechos humanos, grupos ecologistas y de comercio justo en América del Norte, de Estados Unidos y El Salvador Ciudades Hermanas y el Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) a Oxfam, Public Citizen, Mining Watch y el Instituto de Estudios Políticos , están presionando a la Cuenca del Pacífico para retirar el caso.

Muchos creen que si Pacific Rim se retira de su caso o pierde en este tribunal, la existencia misma de "inversionista-Estado" las cláusulas de los acuerdos comerciales es una afrenta a la democracia. "Para que la democracia prevalezca", Sarah Anderson, del IPS nos dijo, "los movimientos ciudadanos y sus aliados en los gobiernos deben trabajar duro para eliminar esas cláusulas de todos los acuerdos comerciales y de inversión".

De vuelta en Santa Marta, grupos de ciudadanos están construyendo la agricultura sostenible como una base alternativa económica a la minería. Su objetivo: ". Economía popular" a "economía solidaria", o, como lo llamaba Vidalina, una Explicación de Vidalina: "Rechazamos la imagen de nosotros así como contra la minería. Estamos a favor del agua y un futuro positivo. Queremos alternativas para alimentarnos, para vestirnos ".

Elvis Nataren, un estudiante de filosofía, nos llevó a la orilla del río, y señaló que las tierras comunales en las granjas orgánicas se construirá. Tres enormes invernaderos ya contienen los tomates hidropónicos regordeta, pimientos verdes y otras verduras. En conjunto, estos deben hacer de Santa Marta autosuficiente en maíz, frijol y verduras. Como Elvis explicó, "soberanía alimentaria" fue aún más urgente a raíz de la aprobación del CAFTA, dado que el producto barato extranjeros que comenzaron a inundar el mercado salvadoreño. Elvis, Vidalina, Miguel, Francisco y otros que nos encontramos en Cabañas eran conscientes de que a medida que nutren las tierras de cultivo y el río vital para este futuro alternativo, su éxito también depende de las luchas y debates en San Salvador y Washington.

Un mes después de regresar a casa, las amenazas de muerte contra los jóvenes individuales en Radio Victoria se intensificó, con mensajes tan siniestra como imposible de rastrear el texto: "mira oscar no estamos bromeando callar esta radio sea que tú también te mueres perro ..."

Y en junio, casi dos años después del asesinato de Marcelo Rivera, el cuerpo de un estudiante voluntario con el Comité Ambiental de Cabañas fue encontrado muerto, con dos balas en la cabeza. A medida que el comunicado de prensa Mesa Redonda señaló: "La última vez que fue visto por sus compañeros activistas del medio ambiente era ... la distribución de volantes en contra de la minería metálica en [Cabañas] en la preparación de una consulta pública sobre el sector de la minería que tienen lugar cercano." "Ninguna otra mina, ninguna otra muerte ", imploró a la Mesa Redonda.

Robin Broad y John Cavanagh

Acerca de los autores

John Cavanagh

John Cavanagh es el director del Institute for Policy Studies y autor, más recientemente, de la nueva definición del desarrollo: Situación actual del mercado cumplido su partido (con Robin Broad).

 

Robin Broad

Robin Broad es profesor en la Escuela de la Universidad Americana de Servicio Internacional. Su libro más reciente, co-escrito por John Cavanagh, se redefinió el Desarrollo: ¿Cómo el mercado cumplió con su partido.


miércoles, 13 de julio de 2011

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA


CONGRESO GENERAL GUNA 6 de Julio de 2011 A DOS AÑOS DEL GOBIERNO DE RICARDO MARTINELLI
A dos años de la toma de posesión del presidente Ricardo Martinelli, y a un año de la sangrienta y criminal agresión del gobierno de éste a los hermanos Ngäbes en Changuinola, el Congreso General Guna quiere manifestar a la opinión pública nacional e su indignación y rechazo a la política que este gobierno está teniendo con los pueblos indígenas de Panamá. A un año de los hechos de Changuinola, a pesar de las evidencias de lo ocurrido, y, a pesar del informe realizado por la Comisión que el mismo Sr. Presidente nombró, todavía hay miembros del gobierno justificando esa masacre y no se ha tomado ninguna medida contra los responsables. El Señor Presidente decía, el pasado día 29 de junio, que “hay personas que quieren imponer los cambios a punta de garrote”. Los pueblos indígenas, por lo vivido durante estos dos años, podemos decir que es él, el Sr. Martinelli, el que ha usado el garrote para desalojar comunidades, imponer proyectos, desconocer a nuestras autoridades tradicionales, pisotear nuestros derechos reconocidos por la Naciones Unidas, y reprimir cuando, como indígenas, hemos reclamado y defendido estos derechos. No es solo una percepción nuestra. En estos dos años, en distintas ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el Alto Comisionado de Naciones Unidas han hecho observaciones y han llamado la atención al gobierno panameño sobre su política con los pueblos indígenas. En ningún momento, el gobierno nacional ha reconocido el derecho que tenemos como pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado sobre cualquier proyecto que tenga que ver con nuestros territorios, vida, cultura y tradiciones. Durante estos dos años, el Sr. Ricardo Martinelli ha recibido en el Palacio de las Garzas a diferentes personajes y organizaciones, que han reclamado su presencia para la solución de sus problemas y conflictos. Pero no ha recibido nunca a los verdaderos representantes de nuestros pueblos. En diferentes ocasiones, se ha estado llamando a las puertas de la Presidencia, y sólo han puesto a hablar a nuestros dirigentes con funcionarios de tercera y cuarta categoría. Sin embargo, se recibe a supuestos dirigentes que no tienen ni el apoyo ni la representatividad de las Comarcas. Por todo esto, exigimos al gobierno nacional que cambie su política hacia los pueblos indígenas. Una vez más exigimos que ratifique el Convenio 169 de la OIT. Eso será una primera señal de que se quiere un verdadero cambio en las relaciones del Estado con los pueblos indígenas. No nos oponemos al desarrollo, a un verdadero desarrollo en el que, como pueblos, seamos sujetos y protagonistas en su planificación, decisión, ejecución y evaluación. Guna Yala, 6 de julio de 2011

viernes, 24 de junio de 2011

PANAMÁ: Devastan el río Tabasará por Pastor Duran




Panamá, diario El Siglo , sábado 4 de junio

PASTOR E. DURÁN ESPINO
pastornatural@gmail.com
El pasado 6 de mayo, campesinos latinos e indígenas (campesino = pequeño productor agropecuario) y el Movimiento 10 de Abril, cerraron una sección de la Carretera Panamericana en el puente sobre el Río Tabasará en el occidente de Panamá, protestando por el avance inconsulto del proyecto hidroeléctrico ‘Barro Blanco’, que impulsa una empresa en el país, la cual según un comunicado, irrumpió en el Río Tabasará con sus maquinarias, las cuales devastaron el lecho rocoso del río y procedieron a iniciar el desvío del río mediante maquinaria perforadora.

Desde aquellos momentos, el M-10 solicitó a la Coordinadora para la Protección de los Recursos Naturales de la Comarca en la mesa de diálogo elevar la situación como ‘de urgencia’ ante la comisión ‘ad hoc’. Entre otras cosas, el M-10 solicitó el cese de actividades y la salida de la maquinaria de la empresa del punto de conflicto. El M-10 también denunció que el EIA (Estudio de Impacto Ambiental) de ese proyecto tiene vigencia de solo dos años y ya había expirado en mayo de 2,010 por lo que los trabajos estaban ‘fuera de ley’.

El M-10 se fundó un 10 de abril de 1999 para investigar sobre los proyectos en el Río Tabasará (perjuicios y beneficios) y quiénes son los responsables, así como también para protejer los bienes de los residentes en las márgenes de este río que nace en la Cordillera del Tabasará y se extiende dividiendo y beneficiando a las provincias de Chiriquí y Veraguas.

La idea original de este proyecto surgió a principios de los años 80 durante la dictadura de Omar Torrijos, para proveer de energía al depredador proyecto minero de Cerro Colorado. En aquella ocasión fue cancelado por el dictador Torrijos, según unos, acatando el dictador promesa hecha a autoridades indígenas de retirar este proyecto si no gozaba del consentimiento de las comunidades. Según otros, fue una actitud politico-militar tomada por el General Torrijos, de ganarse a la población, para evitar levantamientos armados y asegurar su poder en la región. La Cordillera del Tabasará es una región militarmente estratégica. Entonces grupos opositores al régimen populista, sobre todo de la izquierda consecuente marxista-leninista-guevarista podían fácilmente montar focos guerrilleros como lo trataron de hacer en los primeros años de la dictadura contrainsurgente en Cerro Azul, sector Este de la Provinicia de Panamá.

El pasado 2 de abril el M-10 mediante un comunicado firmado por Ítalo Jiménez (Presidente) y Leo Arenas (Secretario), solicitó que se declare al Río Tabasará ‘patrimonio hídrico natural y cultural’.

EL AUTOR ES EDUCADOR


viernes, 15 de abril de 2011

Protestas masivas contra el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco en Panamá


(originalmente publicado en inglés en cdm-watch.org)

Massive Protests against Barro Blanco Hydropower Project in Panama

http://www.cdm-watch.org/?p=1844

Artículo invitado de Óscar Sogandares, Asociación Ambientalista de Chiriquí (ASAMCHI)

Mi camiseta todavía huele a leña del campamento de protesta, donde pasé varias noches acompañando su causa. El principio del día comenzaría con rezos del grupo en Ngobe y en español que implora la ayuda del Todopoderoso en esta lucha desigual[1]. El M10 (movimiento 10 de abril para la defensa del Tabasará) que reúne a todas las comunidades afectadas en las riberas del grupo de protesta del río de Tabasará (el cual es sagrado para los indios Ngobe bugle) tienen ya 12 días acampando fuera de la entrada del sitio del proyecto de la presa de Barro Blanco, bloqueando de tal modo en efecto la entrada de maquinaria adicional al sitio del proyecto. Las dos máquinas restantes han quedados secos de combustible y no pueden continuar con sus tareas de devastación del cauce del río de Tabasará. [2] [3]

Los manifestantes no tienen nada que perder, están incluso dispuestos a ofrendar sus vidas si se da el caso me dijeron. Así como uno de los líderes me dijo que” estoy perdiendo 5 hectáreas de mi mejor tierra de cultivo al proyecto así que no tengo nada que perder”. Incluso se atrevieron a cerrar uno de los carriles de la carretera Inter-Americana (porque según la legislación panameña cerrar hasta un carril todavía se considera “protesta pacífica”) pero también amenazando con bloquear totalmente la carretera[4]. La policía llego inmediatamente a la escena para advertirles, pero después de dos horas ellos volvieron a su punto señalado. Sus líderes indígenas compañeros incluso les aconsejaron contra esto, de que es mejor mantener su punto en la entrada como lucha pacífica que perder todo en la desesperación.

La privatización del sector de energía aprovecha el excedente de energía de las presas hidráulicas

Los camiones y los coches nos tocaban la bocina y agitaban sus manos en señal de apoyo a nuestras acciones, donde en una provincia minúscula como Chiriquí de menos de 6000 kilómetros cuadrados existen más de 120 proyectos en distintas etapas de desarrollo, 160 en el país entero de Panamá --más que todo el istmo centroamericano juntos. La mayor parte plantas del tipo de “pasada” que amenazan con “desertificar” la provincia. El hecho es que Chiriquí es uno de los lugares del mundo en peligro de desertificación debido a la mala gestión del suelo atribuida al negocio agrícola, pero ahora debido a esta actual oleada de plantas hidroeléctricas que pueblan sus cuencas de río[5]. Al otro extremo están las presas de gran escala con embalses tales como Fortuna, Bayano y ahora Barro Blanco que inundarían efectivamente centenares de hectáreas, y amenazan con inundar millares de hectáreas más en el futuro.

Había una época en que Panamá tenía más que suficiente energía para sus necesidades y teníamos solamente Bayano, Fortuna y Estrella los Valles, y todavía teníamos un exceso de energía (y no teníamos las bombillas ahorradores de energía en nuestros hogares en aquella época tampoco). Eso era en 1995, el gobierno bajo administración de Balladares (actualmente bajo investigación legal) repentinamente había comenzado a “privatizar" todos los generadores del gobierno y a “globalizar” nuestra economía. El Bayano pasó a AES, así como hizo Estrella Los Valles y Fortuna había pasado a través de una cadena de manos y está finalmente con Enel.

Entonces en 2001 el presidente Vicente Fox de México, dueño de hacienda y ejecutivo de la Coca-Cola (donde luciría su sombrero Stetson de marca, pero quizás lo único que le falto hacer era traer sus revólveres con él) viene a Panamá y anuncia el Plan, Puebla Panamá[6] para permitir a Panamá “exportar” energía a América Central y México, pero en realidad para compensar su propio faltante de déficit de energía con los E.E.U.U., debido a su tratado recientemente firmado del NAFTA con su socio norteño y la línea de transmisión de Sistema Integrado SIEPAC [7] fue construido que zurcaría toda América Central hasta México y de repente las necesidades energéticas de Panamá llegarían a ser insuficientes.

Necesidades energéticas artificiales “cada vez mayores” de Panamá

Mientras que la imagen oficial que se les brinda a los ciudadanos es que todos estos proyectos son debido a las necesidades “crecientes” de Panamá, que ni siquiera los funcionarios mismos se las creen. Otro incentivo añadido en esta carrera loca para más proyectos hidroeléctricos es el beneficio añadido de CERs o de los créditos del carbono, como el “dulce” sobre el pastel. El margen de ganancia en estos proyectos ha sido tan grande donde 1 kw/hr de electricidad generada es vendida ligeramente más bajo que las generadoras en base a combustible fósil ($0,18 combustible, $0,12 - $0,17 hidráulicos y donde 1 MW =$1million), con la característica adicional que el “combustible” empleado --el agua es gratuito, y que esos mismos CERs han sido gastados simplemente en “relaciones públicas” para sus proyectos.

Acuerdos en detener los proyectos hidroeléctricos que afectan a la Comarca Ngobe Bugle o la reserva indígena violados

Todo el mundo está comenzando a saber cómo los CERs y los proyectos de MDL se han administrado indebidamente en el mundo, donde los proyectos altamente cuestionables tales como mono cultivos donde los bosques primarios se talan para dar lugar a plantaciones de palma aceitera, o estos mismos proyectos hidroeléctricos que devastan miles de hectáreas de bosques de galería naturales, algunos con especies endémicas encontrados en ninguna otra parte en el mundo, interrumpen ecosistemas y desplazan a miles de habitantes perfectamente felices del río frente a un altamente cuestionable “progreso para unos pocos” y son financiados por estas mismas compañías contaminantes de carbono que consiguen limpiar sus pecados como indulgencia “invirtiendo” en estos “créditos de carbono ”.

A los humildes indios Ngobe en la prensa se retratan como “salvajes”, “ignorantes”, “radicales”, “atrasados” y toda otras clases de etiquetas despectivas, especialmente por la prensa propiedad de los intereses creados, cuyos dueños suelen ser socios de las muchas empresas hidroeléctricas, quizás orquestando una eventual y desafortunada, represión injusta y criminal contra estos habitantes humildes que tienen todo que perder y nada que ganar con estos mezquinos proyectos de negocio. Las ondas son tomadas por estos "tecnócratas" quienes adoran la energía hidroeléctrica como la panacea para todos los males en el país, a pesar de todos los nombres que suenan una campana cuando nos referimos a las 50 familias más ricas de Panamá. Los Gonzalez Revilla, Eleta, Btesh, Virzi, entre otros. El episodio de explotación minera ha tenido un casos similares donde nombres como Fifer, ex-gobernador de Coclé, quien procedió a “prestarse” de los fondos del gobierno para asegurar su participación en la empresa de Petaquilla Gold[8]. Desafortunadamente este país está lleno de ejemplos de corrupción y de actitud “juega vivo”. Pero cuya oposición general y protestas principalmente por el pueblo Ngobe Bugle a este código altamente impopular de explotación minera forzaron nuevamente al gobierno a retroceder y a abrogar su altamente polémica ley 8. Los acuerdos con el gobierno incluyeron un cese inmediato a los proyectos hidroeléctricos que afectarían la Comarca Ngobe Bugle o reserva indígena, tal como el proyecto altamente polémico de Barro Blanco. Pero ahora el gobierno quiere retroceder en su parte de concesiones hidroeléctricas y está retrasando el problema. No obstante el proyecto de Barro Blanco ha procedido apenas días después de las protestas masivas del código de la explotación minera hubieran terminadas para comenzar rápidamente su proyecto polémico.

¿Qué bueno se podría sentir si “Los Magníficos” nos ayudaran repentinamente a nuestros grupos de protesta quienes nos podrían defender nuestra causa, donde nosotros le hacemos frente a todas las probabilidades en contra nuestra? En realidad el día de hoy el gobierno (que de hecho se considera el gobierno de los empresarios ") ha promulgado en primer debate en su asamblea legislativa o parlamento controlada por su partido, donde ahora las compañías que participan en proyectos de interés social (incluidos proyectoshidroeléctricos) ni siquiera tendrán que participar en licitaciones y podrían ser contratadas directamente porel gobierno[9]. Los periodos de consulta serán por ende acortados, la participación del público será reducidaen mayor grado. Todas las probabilidades se hallan en contra de las comunidades. Vea La Prensa la secciónde la economía del 6 de abril de 2011[10].

El disputado pasado de Barro Blanco

Ahora entrando en detalles de este proyecto polémico, que es ni más ni menos que los proyectos de Tabasará 1 y 2 (el primer produciría 220MW) presentados originalmente a finales de los años 70 y comienzos de los 80, que era para proporcionar la energía para el siniestro proyecto de explotación minera de Cerro Colorado para explotación de cobre y oro, puesto que no habían suficientes centrales eléctricas para proporcionar la enorme demanda energética para tal proyecto gigantesco. Pero el General Omar Torrijos después de las protestas continúas del pueblo panameña incluyendo la población indígena Ngobe entonces conocida como Guaymi, y consultas con sus consejeros ambientales que advirtieron contra las desastrosas consecuencias ecológicas[11]. (Torrijos usualmente decía "el que más consulta, menos se equivoca") en un compromiso solemne ante los líderes indígenas Ngobe, canceló los proyectos de explotación minera, así como ambos proyectos hidroeléctricos del Tabasará -- si éste era el deseo de la comunidad indígena. No fue mucho después que el General Omar Torrijos falleció en un misterioso accidente aéreo en 1981.

La línea del frente de defensa en la lucha contra esta excesiva proliferación de proyectos hidroeléctricos, que no obedecen ningún sentido común excepto la de la economía de mercado --es el proyecto de Barro Blanco, largamente rechazado por la comunidad en todas sus ediciones. Es la versión actualizada del Tabasará 1 de los años 80 con 220MW de salida y de Tabasará 1 de los años 90 y 2000 con su 46MW atenuado[12]. Esta vez Barro Blanco inicialmente había proyectado 19MW pero lo había revisado a 28,8 MW para competir por los créditos del carbono o CERs.

Pero aumentando el nivel de la presa en el futuro de 103mts, (mucho después de que se desembolsen los CER) a 160mts le permitirá producir la cantidad masiva de 220MW; inundando 6000 hectáreas (incrementándolo a 200mts inundará 10.000 hectáreas y les permitirá producir incluso mayores cantidades de energía). Por eso la comunidad no debe permitir que este proyecto siniestro ponga su pie adentro. Una vez que Barro Blanco (o Tabasará 1 versión "revisada") este instalada Tabasará 2 cuyos dueños son ricos hombres de negocios de cuestionable trayectoria como Gabriel Btesh y Luis “Pipo” Virzi (el último de hecho pariente con el presidente Martinelli) se llevara a cabo.[13] [14] Simplemente no habrá fin a todo esto.

Además del daño hecho por la inundación de centenares de hectáreas de tierra indígena y campesina que rodea el río Tabasará, la pérdida de un bolsón exuberante de bosque de galería de más de 50-100 hectáreas (contrario a lo que indica el EIA o el PDD) con muchos árboles centenarios que realizan una función altamente importante del CO2 y que serán talados inexorablemente (¿cómo podría un proyecto tan destructivo como este competir para los créditos del carbono en primer lugar?) donde especies endémicas de fauna que están en extremo peligro de extinción tal como la rana azul de lluvia del Tabasará “tabasarae craugastor”[15] del que habitan precisamente en estas amenazadas selvas tropicales de galería , y en ningún otro sitio sobre la tierra. La pérdida y la extinción en estas aguas de los peces migratorios diádromos[16], de la palabra “día” en latín o “entre” que realizan sus ciclos vitales en los dos medios, los estuarios marinos y las aguas de la cabecera del Río Tabasará de agua dulce, y que forman parte esencial de la dieta del Ngobe. Éstos serán bloqueados inevitablemente por la presencia física de la presa (sin considerar la existencia futura del proyecto de Tabasará 2) o triturados por las aspas de las turbinas[17]. Muchas otras especies del río acostumbradas a las aguas en movimiento no sobrevivirán las condiciones carentes de oxígeno del lago.

RECAPITULACIÓN

El proyecto de Barro Blanco (3237) es una central hidroeléctrica de 28,84 MW en el distrito de Tolé, dentro de la provincia de Chiriquí, Panamá. El proyecto ha hecho frente a amplia resistencia desde el 2008 [18](pero realmente desde los años 70 en sus diversas versiones) y a las críticas relacionadas con las preocupaciones sobre la adicionalidad del proyecto así como de la falta de consulta pública adecuada y de abusos de derechos humanos que implicaban la compañía GENISA contra las tierras de la gente indígena Ngobe. La gente Ngobe habita las áreas al lado del Río Tabasará, en donde el proyecto se planea ser ejecutado. El proyecto está actualmente pendiente del registro que significa que los miembros del consejo de dirección de CDM decidirán sobre su destino en esta reunión próxima.

Para asombro de la gente indígena Ngobe, el proyecto ahora ha iniciado la construcción a pesar de la resistencia local existente, el cual se halla en aumento en la medida que la maquinaria de construcción se mueve al sitio. Apenas recientemente, las demostraciones masivas de los indígenas Ngobe han llevado a la derogación de un código minero recién aprobado y altamente disputado. Este código de explotación minera habría permitido que incluso los estados extranjeros invirtieran directamente en las minas (contrarias a la constitución) en Panamá y habría estropeado la selva prístina y habría obligado a comunidades indígenas enteras a reubicarse[19].



[2] P4060011(2) Vista de pala mecanica y retroexcavadora que devastaban el Rio Tabasara en dias pasados

http://www.box.net/shared/ioaqoy1ns7

[5] NATIONAL REPORT ON DESERTIC CONDITIONS AND DROUGHT REPUBLIC OF PANAMA

http://www.unccd.int/cop/reports/lac/national/2000/panama-summary-eng.pdf

[9] Reformas reducen plazo de impugnación La Prensa 6 april 2011/http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2011/04/06/hoy/Negocios/2556253.asp

[10] Reformas reducen plazo de impugnación La Prensa 6 april 2011

http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2011/04/06/hoy/Negocios/2556253.asp

[17] Helical Turbine and Fish Safety By Alexander Gorlov, August, 2010 (see Kaplan Turbine Fish kill page 3)http://www.mainetidalpower.com/files/gorlovrevised.pdf